Álvaro Gómez es un gran conocedor del fenómeno de la accidentalidad vial, una tragedia que, cada año, marca la vida de miles de personas en todo el mundo. Ingeniero de formación, dirige el Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT, un organismo que constituye uno de los pilares fundamentales en la lucha contra los siniestros viales. 

El observatorio cuenta con un amplio abanico de funciones: “recoger los datos de accidentes, identificar los problemas, proponer soluciones, evaluar las medidas y diseñar la estrategia sobre seguridad vial en colaboración con otros organismos”. Además, gestiona las políticas de atención a las víctimas de accidentes a través de “ayudas que van destinados a la prevención o a la atención jurídica o psicológica de las víctimas de accidentes de tráfico”. Una estrategia con un alcance incuestionable: “22 proyectos en 41 provincias y más de 150.000 beneficiarios en el ámbito de la prevención y 8.500 en el de la atención”.  

 

Preguntado por la estrategia, el director del ONSV afirma que España está alineada con la estrategia global de la UE, que es llegar a cero muertes en 2050 y reducir el número de fallecidos a la mitad en 2030. Un objetivo de gran dificultad, ya que “cuanto mejor estás, más difícil es reducirlo”. Aun así, reivindica la condición de potencia que posee España en el ámbito de la seguridad vial: “En el ranking de la OMS, venimos ocupando el puesto 11, 12, 13 del mundo en tasa de mortalidad”, lo que hace muy complejo mantener el ritmo de reducción experimentada en la primera década del siglo.

Además, afirma que el ONSV no tiene “una medida mágica que, de repente, logre reducir un 20% el número de víctimas mortales”, y pone el foco en el carácter multifactorial de la accidentalidad. Por eso, impulsa varias líneas estratégicas relacionadas con “la formación, la educación, la vigilancia, la gestión del tráfico, la tecnología de vehículos, la seguridad laboral o las infraestructuras”.  

Por último, el director de la ONSV señala que la seguridad vial es una responsabilidad compartida por Administraciones, empresas y ciudadanía: “Las Administraciones debemos contar con planes de movilidad segura y sostenible para los empleados y debemos influir a través de las contrataciones públicas exigiendo condiciones de seguridad a los proveedores de servicios”, una estrategia que también debería aplicarse desde las empresas. Por último, no se olvida de la ciudadanía: “Vayamos con más calma. Si fuéramos más despacio, habría muchos menos siniestros y serían mucho menos graves”